Fuente: Diario La República.
Los desafíos legales contemplados en el pacto para la transición energética en La Guajira
El Gobierno ha suscrito un pacto con el sector de las energías renovables y la comunidad Wayuú en La Guajira, con el objetivo de abordar los desafíos legales relacionados con la transición energética en la región. Este pacto busca desbloquear el 13% de la generación eólica en la zona y ha sido firmado por comunidades locales, autoridades regionales, empresas y la Asociación de Energías Renovables Colombia (SER).
El principal propósito de este acuerdo es viabilizar proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía (Fncer) en La Guajira. Inés Elvira Vesga, socia de la firma de abogados Holland & Knight, afirma que “los objetivos del pacto incluyen el desarrollo integral de las comunidades, el fortalecimiento de la seguridad energética del país, la estabilidad operacional de las empresas, la contribución a la descarbonización de la economía y la mitigación de los efectos del cambio climático”.
Uno de los desafíos más importantes que busca abordar este pacto es la conflictividad social. Sin embargo, según Vesga, “no se observan acciones concretas en el acuerdo, sino más bien un reconocimiento generalizado de la existencia de un conflicto, y se mencionan aspectos que ya están contemplados en instrumentos vinculantes, como la Constitución Política, que garantiza los derechos sociales, económicos y ambientales, así como la participación de las comunidades y la inversión social”.
El pacto también incluye la necesidad de fortalecer los protocolos para el territorio Wayuu. Si bien esto puede ser importante para las empresas, también puede convertirse en un instrumento que imponga mayores exigencias a dichas compañías. Sin embargo, aún no está claro cómo esto se relaciona con la consulta previa ni cómo se pueden adoptar estos protocolos sin dicha consulta. Vesga agrega que “el pacto no aborda otros desafíos legales o regulatorios, como la necesidad de agilizar los trámites ambientales, que también suponen un problema para el sector”.
Es importante destacar que el pacto es una declaración de intenciones y no tiene carácter vinculante. Además, se limita a La Guajira y no tiene alcance nacional. Entre las acciones más relevantes del pacto se encuentran: la participación de las comunidades, que incluye el diálogo social y la participación en los beneficios; la coordinación institucional y la respuesta oportuna; el fortalecimiento de los protocolos de acceso al territorio Wayuu; la promoción de que la inversión contribuya al desarrollo de la región; y el establecimiento de un plan operativo para materializar el pacto.
En cuanto al impacto que se espera tenga el pacto en la atracción de inversiones en el sector energético de Colombia, el experto Santiago Soto Luna, abogado especializado en temas mineroenergéticos, afirma que el pacto es una consecuencia directa de la opinión desfavorable que ha afectado al Gobierno como resultado de la suspensión del contrato Windpeshi.
Luna sostiene que “la atracción de inversiones se logra al contar con reglas claras para los inversionistas y al fomentar la iniciativa privada para lograr los objetivos esenciales del Estado. El hecho de tener que recurrir a un acuerdo como último recurso demuestra la fragilidad e incapacidad del Estado, a través del Gobierno, para hacer cumplir lo que ya está regulado en materia social, ambiental y económica”.