En un mundo cada vez más digitalizado, la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta poderosa que promete transformar diversos sectores, incluido el sistema judicial. La reciente sentencia T-323 de 2024 de la Corte Constitucional de Colombia marca un hito significativo en la discusión sobre el uso de IA en la administración de justicia, planteando tanto oportunidades como desafíos.
Contexto de la Sentencia.
La Corte Constitucional vio la oportunidad para pronunciarse sobre un caso en el que un juez utilizó la herramienta de IA ChatGPT para fundamentar su decisión en un asunto relacionado con los derechos de una persona diagnosticada con trastorno de espectro autista (TEA). Este caso planteó interrogantes sobre la posible vulneración del derecho fundamental al debido proceso, específicamente si la decisión fue tomada por un juez humano o por una IA, y si esta decisión fue debidamente motivada.
La Corte determinó que el derecho al debido proceso no fue vulnerado, ya que el juez fundamentó su decisión antes de consultar a la IA. Sin embargo, se destacó que el uso de la IA no cumplió a cabalidad con los principios de transparencia y responsabilidad, lo que subraya la necesidad de un enfoque más riguroso en la implementación de estas tecnologías en el ámbito judicial .
Oportunidades que Ofrece la IA.
La Corte reconoció el potencial de la IA para mejorar la eficiencia y eficacia del servicio judicial. La implementación de herramientas de IA puede facilitar el acceso a la información, optimizar la gestión administrativa y documental, y reducir los riesgos asociados con la falta de transparencia y la protección de datos. Entre las aplicaciones sugeridas se incluyen:
Gestión administrativa y documental: La IA puede ayudar en la programación de diligencias, digitalización de expedientes y motores de búsqueda de jurisprudencia.
Apoyo a la función judicial: Herramientas de IA pueden ser utilizadas para referenciar jurisprudencia, analizar datos estadísticos y responder preguntas frecuentes de los usuarios del sistema judicial.
Corrección y síntesis de textos: La IA puede asistir en la redacción de documentos, siempre bajo la supervisión de un operador jurídico que verifique la precisión y coherencia de los textos. Sin embargo, la Corte también subrayó que la IA no debe sustituir el razonamiento lógico y humano que es competencia de cada juez.
Principios Fundamentales para el Uso de IA.
La sentencia establece varios principios que deben guiar el uso de IA en la justicia:
Transparencia: Los funcionarios judiciales deben informar sobre el uso de herramientas de IA y su funcionamiento. La simple mención de su uso no es suficiente; se requiere una exposición clara y completa .
Responsabilidad: Los jueces deben asumir la responsabilidad de las decisiones tomadas, incluso cuando se apoyan en herramientas de IA. Esto implica una carga adicional de verificación y control sobre la información proporcionada por la IA .
Capacitación: Es fundamental que los operadores judiciales estén capacitados para entender los riesgos asociados con la IA y para evaluar críticamente la información que esta genera .
Desafíos y Consideraciones.
A pesar de las oportunidades que presenta la IA, la Corte advirtió sobre los riesgos de sesgos y errores en la información generada. La falta de un marco regulatorio específico para el uso de IA en el sistema judicial colombiano resalta la necesidad de establecer autocontroles y restricciones. La Corte enfatizó que, hasta que se desarrollen lineamientos institucionales específicos, los funcionarios deben aplicar los principios establecidos en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 sobre la protección de datos y Ley Estatutaria 1266 de 2008
Además, la Corte sugirió que el uso de herramientas de IA no especializadas y autorizadas expresamente para la función jurídica colombiana debería limitarse a ofrecer información descriptiva, evitando así la formulación de preguntas normativas que podrían comprometer la independencia y la imparcialidad del juez.
Conclusión.
La sentencia T-323 de 2024 no solo abre la puerta a la integración de la inteligencia artificial en la administración de justicia en Colombia, sino que también plantea importantes preguntas sobre la ética, la responsabilidad y la transparencia en su uso. A medida que avanzamos hacia un futuro donde la tecnología y el derecho se entrelazan cada vez más, es crucial que los operadores jurídicos se preparen para enfrentar estos desafíos y aprovechen las oportunidades que la IA puede ofrecer.
La implementación de la IA en la justicia debe ser un proceso cuidadoso y reflexivo, donde se priorice siempre el respeto por los derechos fundamentales y la integridad del sistema judicial. La Corte Constitucional ha dado un paso importante en esta dirección, y es responsabilidad de todos los actores involucrados seguir construyendo un marco que garantice un uso ético y responsable de la inteligencia artificial en la justicia.
Reflexiones Finales.
La evolución de la IA en el ámbito judicial no es solo una cuestión técnica, sino también un desafío ético y social. La confianza del público en el sistema judicial depende de la transparencia y la responsabilidad en el uso de estas tecnologías. Por lo tanto, es esencial que se establezcan mecanismos de supervisión y evaluación continua para garantizar que la IA se utilice de manera que respete los principios fundamentales del derecho y la justicia.
En este contexto, la colaboración entre juristas, tecnólogos y reguladores será clave para desarrollar un marco normativo que no solo permita la innovación, sino que también proteja los derechos de los ciudadanos y mantenga la integridad del sistema judicial. La sentencia T-323 de 2024 es un llamado a la acción para todos los involucrados en la administración de justicia en Colombia, invitando a un diálogo constructivo sobre el futuro de la IA en el derecho.
